Com informações do P-MAS – 26/08/2013
Contra la represión y criminalización de la lucha social y popular
Desde el Partido del Movimiento al Socialismo siempre nos hemos manifestado y comprometido con las luchas populares por mejores condiciones de vida, progreso social y la construcción de un orden social justo, sin explotadores ni explotados. En consecuencia de esto, nuestro posicionamiento ha sido siempre el de cuestionar con la mayor dureza la represión y criminalización de la lucha social.
En tal sentido, nuestro partido no puede más que condenar, de la forma más dura y tajante, los sucesos acaecidos en la mañana de ayer, 25 de agosto, en la localidad de Lima, departamento de San Pedro. En tal ocasión, las fuerzas policiales y el Ministerio Público allanaron con prepotencia y desconsideración la vivienda de los compañeros Zenen Samudio, Martín Rotela y Roque Rotela, todos militantes de la base del P-MAS de dicha localidad.
En el marco del allanamiento, las fuerzas del orden retiraron no solo los celulares y equipos informáticos de los compañeros, sino también folletos de nuestro partido y libros, incurriendo en la penosa y tristemente célebre práctica de la policía del régimen dictatorial, de considerar al pensamiento y a la lucha social como crímenes de Estado. Nuestra preocupación es mayor, cuando el hecho se da justo tras la aprobación de la modificación de la ley 1337 de “Defensa Nacional y Seguridad Interna” que otorga poderes extralimitados al ejecutivo. Observamos que puede generarse una situación que los paraguayos ya conocemos y a la que no queremos volver
El Partido del Movimiento al Socialismo expresa su más profunda solidaridad con los compañeros Zenen Samudio, Martín Rotela y Roque Rotela, a la par que condena el que aparenta ser el retorno de la criminalización de la lucha social al campo paraguayo. Ratificamos nuestro compromiso de luchar contra el regreso a la época más oscura de nuestra historia reciente
Conducción Nacional
Diputada del P-MAS visita zona norte donde interviene las FFAA en busca del EPP
Diputada Rocío Casco visita el departamento de San Pedro a modo de observar no se violen los DDHH de pobladores de la zona
Periodista: Diputada, te vas hasta el norte a ver los trabajos que se están llevando…
Rocío Casco: Bueno, yo ya estuve por Concepción ahora en realidad voy al San Pedro, al Departamento de San Pedro, específicamente a la ciudad de Lima para hacer este seguimiento que estamos haciendo del grupo de parlamentarias de Avanza País, debido a la preocupación que ya habíamos expresado en el estudio de esa ley, con nuestro rechazo por supuesto, estamos haciendo el seguimiento que nos habíamos comprometido, estamos en contacto con los referentes de partidos y organizaciones sociales de la zona que están muy preocupados, están en reunión permanente de manera a articular la defensa de sus derechos civiles y políticos, me reuní con el presidente de la cámara de diputados donde le exprese mi preocupación teniendo en cuenta que el mismo se reunirá con el fiscal general del Estado, le pedí aclaración sobre cuál será el tipo de enlace que tendremos con la Fiscalía General, de cómo hacer llegar las posibles denuncias que nos estén llegando de atropello y violaciones de los derechos civiles, de todos modos yo ya hable con el Fiscal General sobre este tema; estamos en esa tarea permanente de acompañamiento a las organizaciones y sobre todo en la vigilancia que yo llamaba de todos los grupos, las organizaciones de la sociedad civil, que tienen que tener un rol importante en que esta ley no se vuelva una ley garrote y castigo a organizaciones y dirigentes sociales, que hace décadas luchan por sus derechos, por la vivienda, por la salud, por trabajo, por la vida digan que todos los paraguayos se merecen…
Periodista: ¿recibió alguna denuncia?
Rocío Casco: Ahora estaré por el Departamento San Pedro, recibí preocupaciones, comentarios y ahora creo que es importante el seguimiento y por sobre todo que los dirigentes y las organizaciones sociales, campesinas y civiles y democráticas de San Pedro y Concepción sepan que tienen una autoridad a quien recurrir en caso que se sientan agredidos y violados en sus derechos.